Expansión.- 11 de marzo de 2026.– Las crisis geopolíticas suelen contarse en mapas y titulares. Pero, para la industria, se miden en otra escala: euros por megavatio hora, días de retraso en la cadena logística y márgenes que se estrechan. El conflicto en Irán y la tensión sobre el Estrecho de Ormuz lo ilustran bien. No hace falta un corte total de suministro para que el daño empiece: basta con que el riesgo suba.
La primera señal nos llegó por el petróleo. El repunte del Brent, con episodios por encima de los 100 dólares, no es solo nerviosismo financiero: es el precio de la incertidumbre. Esa incertidumbre se transmite a carburantes y transporte. La segunda señal, aún más relevante para Europa, llega por el gas: durante demasiadas horas del año es el mecanismo que fija el precio de la electricidad. Por eso, cuando el gas sube, el impacto se extiende al conjunto del sistema eléctrico y de la economía.
Hay un tercer canal que a veces se infravalora y que, sin embargo, se nota en seguida: la logística. Cuando una ruta estratégica se percibe como zona de riesgo, suben seguros, recargos y fletes. Y eso impacta en el coste final de casi todo: materias primas, componentes, y productos que viajan miles de kilómetros antes de llegar a una fábrica o a un lineal.
Estos días hemos visto una fotografía que conviene tomar en serio: el mercado mayorista ha vuelto a tensarse con rapidez, alcanzando niveles del entorno de 120 €/MWh en jornadas recientes. Para una empresa electrointensiva, unas semanas de precios elevados y volátiles pueden marcar la diferencia entre mantener producción, parar turnos o retrasar inversiones. La energía no es solo un debate de largo plazo; también es estabilidad a corto plazo.
Y no es un fenómeno aislado. El gas en Europa ha vivido repuntes muy intensos en cuestión de días, y eso es especialmente dañino por el efecto dominó: el gas encarece la generación marginal, eleva el precio de referencia y termina filtrándose a contratos, coberturas y decisiones de inversión. Los sectores intensivos en energía (metal, químico, papel, cerámica, agroalimentario) son los primeros afectados. Y, en un contexto de márgenes ajustados, volatilidad equivale a pérdida de competitividad.
Conviene, además, evitar el error de convertir el debate energético en una batalla identitaria entre tecnologías. La realidad industrial es pragmática. Las renovables son imprescindibles y deben seguir creciendo, por coste, por emisiones y por autonomía estratégica. Pero la transición necesita redes, almacenamiento, gestión de demanda y respaldo firme. Cuando esas piezas no llegan a tiempo, el hueco lo rellena el gas. Y justo ahora vemos el problema de ese plan B: en un mundo inestable, el gas es el vector que más rápido traslada geopolítica a precio.
Dicho de otra forma: la pregunta relevante para un país industrial no es si prefiere renovables o nuclear. La pregunta es cómo minimizar la exposición al gas importado y cómo reducir la volatilidad de la electricidad sin frenar la descarbonización. En ese marco, la nuclear no compite con las renovables; las complementa. Aporta potencia firme, baja en emisiones y con un perfil de coste más predecible que el del gas en periodos de tensión. Y ese atributo, la predictibilidad, tiene un valor económico enorme.
Por eso conviene revisar con tranquilidad una cuestión que en España se está abordando con demasiada rigidez: el calendario de cierre nuclear y, en particular, la continuidad de Almaraz, con vencimientos de autorización en 2027 y 2028. No planteo debates emocionales, sino un enfoque económico y técnico. Si la nuclear aporta estabilidad y reduce dependencia del gas, cerrar capacidad firme antes de tener listas las alternativas (redes y almacenamiento) es aumentar riesgo sistémico.
Defender la continuidad de Almaraz desde una óptica responsable implica, al menos, tres criterios: seguridad regulatoria, evaluación real del coste y coherencia en la transición. Sin redes y almacenamiento suficientes, el respaldo no desaparece: cambia de nombre. Y el nombre más probable, hoy, es el gas.
Esta coyuntura ofrece una oportunidad para hacer política energética con mentalidad industrial. Eso significa combinar ambición climática con realismo: acelerar renovables, sí; invertir en redes, sí; impulsar almacenamiento, sí; y, mientras tanto, preservar y optimizar activos firmes que reduzcan nuestra exposición al gas. Y no es solo un debate energético. El cierre de Almaraz afecta a la economía real de la comarca: hablamos de en torno a 4.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) en Extremadura y de más de 400 empresas vinculadas a su actividad.
Por eso, la continuidad de Almaraz, evaluada con rigor y condiciones, puede ser la decisión más prudente: puede que no lo notemos cuando todo va bien, pero marca la diferencia cuando el mundo se complica.
Porque el mundo se está complicando. Y la competitividad no se defenderá con ideología, sino con un mix energético que convierta la incertidumbre global en estabilidad para producir, invertir y crear empleo.
Por César Franco
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
