Colegiación profesional, garantía para los ciudadanos, por Martín Vega, Decano de COIICANT

El Diario Montañés.- 15 de octubre de 2018 – La colegiación es una garantía para los propios colegiados y para los consumidores y usuarios de sus servicios profesionales: los ciudadanos. En el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria hacemos una defensa encendida de esta afirmación, puesto que conocemos perfectamente los riesgos que la falta de colegiación lleva asociados.

En más de una ocasión hemos criticado el intrusismo profesional, que ha posibilitado que personas con un título académico ejerzan la profesión sin estar colegiados cuando, por ley, está previsto este requisito. A esta situación se la denomina irregular, y afecta negativamente a los ciudadanos, al introducir un factor de descontrol. Por ello, reiteradas veces se ha denunciado esta situación ante los Tribunales, particularmente ante el Tribunal Supremo, que en sentencias de 1992 y 1996 ha explicitado que la potestad disciplinaria de los colegios profesionales «debe entenderse de modo amplio, de manera que suponga un robustecimiento de los poderes públicos del Colegio profesional».

Esto nos lleva a contemplar la aplicación de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales a aquellos que ejercen la profesión correspondiente sin estar colegiados. Incluso hay estudios que tratan esta doctrina, como el que lleva por título «La función deontológica de las organizaciones colegiales y su impacto económico y social. Garantía de los derechos de los consumidores y usuarios» (Unión Profesional. Diciembre 2016). En él se contemplan como sujetos de aplicación del código deontológico tanto a los colegiados como a los que pudieran ejercer la profesión irregularmente.

Recientemente se ha sumado otra sentencia, del Tribunal Supremo de 18 de julio del 2018, que viene a reforzar, aún más, las anteriores y que a todos los que integramos nuestro Colegio nos ha satisfecho enormemente. En ella se determina que el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana responde a la legalidad «en cuanto prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, en la medida que este no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido, y se halla en el ejercicio de la misma, se sujete a la obligación de colegiación, legalmente establecida y ello en virtud de las facultades que la Ley atribuye al Colegio profesional en garantía y tutela del interés público, valorado por el legislador al establecer tal obligación de la legislación». He querido transcribir todo este párrafo porque remarca y sintetiza claramente el sentir de nuestras instituciones.

A lo dicho se ha de añadir que el pasado mes de junio se presentó una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, actualmente a trámite, que atribuye «potestad sancionadora» en el caso del ejercicio irregular.

En la exposición de motivos de esta normativa autonómica valenciana se solicita dar respuesta a una situación no deseable, como es que las personas con sanción firme de no ejercicio de la profesión colegiada, o personas que ejercen la profesión sin cumplir con el requisito de colegiación obligatoria, cuando la normativa así lo exige, sigan ejerciendo. Una situación que, lamentablemente, se da en más ocasiones de las deseadas.

También es importante considerar la reciente sentencia 82/2018 de 16 de julio del Tribunal Constitucional que anula los párrafos segundo y tercero del artº 17.2 de la Ley de Cantabria de Colegios Profesionales, en la que se eximía de colegiación a los profesionales vinculados con la Administración pública, cuya obligación de cumplimentación compete al propio Gobierno de la Comunidad.

Con estas últimas medidas, sentencias y proposición de Ley, se persigue garantizar tanto la eficacia del mandato legal, como proteger los derechos de los ciudadanos, posibilitando la actuación de los Colegios para hacer cumplir la obligación de colegiación. Estamos, pues, ante una nueva situación y la ley nos ampara, y por ello queremos darlo a conocer, tanto a nuestros colegiados, como a la sociedad, en general, que será la principal beneficiaria de unos trabajos profesionales bien hechos.

Martín Vega Uribarri, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria

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La supresión del “impuesto al sol” abre una nueva etapa para la energía fotovoltaica, por Oriol Sarmiento, Decano de ICOIIG

Oct 10, 2018

MUNDIARIO.- 10 de octubre de 2018 – España mira de nuevo hacia las energías renovables. Un cambio iniciado en  2016 y 2017 cuando el anterior Gobierno, obligado por los objetivos europeos de 2020,  promovió tres subastas para adjudicar 8.700 MW en nuevos proyectos de renovables, sobre todo de eólica y fotovoltaica, para ejecutar antes del 1 de enero de 2020.

Las intenciones del nuevo Gobierno, de realizar un cambio de rumbo en la política energética de España, se materializaban el viernes pasado. El Consejo de Ministros aprobaba un  Real Decreto-Ley para modificar la Ley del Sector Eléctrico, 24/2013, en el que se tomaban medidas, entre otras, relativas a la pobreza energética, de defensa de los consumidores, de apoyo a la movilidad eléctrica  y de fomento de las energías renovables

Otro de los puntos que se recogen es el de la regulación del autoconsumo, contemplando una mejora importante en las condiciones para su desarrollo, exento de cargos y peajes. Es el final del llamado “impuesto al sol” que tanta polémica y debates generó durante los últimos años.

Una de las grandes beneficiadas de esta cambio regulatorio es por tanto la energía fotovoltaica. Siempre ha generado extrañeza en España el poco avance de esta tecnología a nivel doméstico o industrial frente a países con muchas menos horas de producción solar, como pueden ser Alemania u otros países del norte de Europa. Sin duda la no existencia de un marco regulatorio estable ha frenado su implantación.

Ahora sí es su momento. No solamente por el hito que supone el Real Decreto-Ley sino también porque la energía fotovoltaica ha alcanzado su madurez tecnológica, y a través de una importante reducción de costes, se ha convertido en una tecnología plenamente competitiva frente a otras tecnologías de generación.

Ya en los últimos años, a nivel mundial, la expansión de la energía fotovoltaica ha sido notable. En 2017 se instalaron 100 GW en todo el mundo y se alcanzaron los 400 GW acumulados (China lidera ese ranking con 131 GW, seguida de  Estados Unidos, Japón y Alemania).

Por su parte, la Unión Europea ha reforzado sus compromisos en materia energética y su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. A finales de 2016 la Comisión Europea presentó el denominado “paquete de invierno”, con importantes objetivos para 2030, incrementado posteriormente hasta establecer el objetivo del 32% de energías renovables.

El papel de la energía fotovoltaica en la transición energética

La aparición de sistemas de gestión energética y el tránsito hacia las redes de distribución eléctrica inteligentes, basadas en el autoconsumo, generan enormes expectativas para el desarrollo de la energía fotovoltaica.

Su carácter modular y adaptable, sus precios competitivos, y su escaso mantenimiento le dan un papel clave. Su gran reto es superar su carácter intermitente (sólo se produce de día) con el respaldo de energías poco contaminantes y con  la madurez y abaratamiento de los sistemas de almacenamiento.

Este lunes la ONU alertaba sobre la necesidad de tomar medidas radicales para evitar los daños irreversibles del cambio climático, instando a realizar cambios rápidos y de amplio alcance en todos los aspectos de la sociedad. El primero de ellos, a través de una transición energética basada en renovables, para reducir las emisiones de CO2 de manera drástica. La energía fotovoltaica es una de las grandes soluciones para el futuro del planeta.

Oriol Sarmiento, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia

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