● El Consejo General de Ingenieros Industriales propone actualizar la LOE, la financiación off-site y el papel del fabricante para que ese potencial se haga realidad. Industrializar la construcción permite edificar con más rapidez, previsibilidad y eficiencia.
● El ingeniero industrial es clave para responder al reto de la vivienda con soluciones más rápidas, sostenibles y eficientes
Madrid, 20 de octubre de 2026. El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales valoró positivamente el año pasado el impulso del Gobierno a la construcción industrializada, con la incorporación de criterios de industrialización que podían representar hasta un 10 % de la puntuación en las licitaciones públicas de vivienda, sin embargo la oferta sigue un ritmo más lento que la demanda.
La oferta de vivienda, por detrás de las necesidades del mercado
Según el Consejo General, el déficit de vivienda se sitúa en España entre
600.000 y 730.000 unidades. A ello se suma la previsión del INE de 3,69 millones de nuevos hogares entre 2024 y 2039, unos 246.000 al año de media, frente a un ritmo reciente de en torno a 90.000-100.000 viviendas terminadas anuales.
Entre 2022 y 2024 se formaron 604.000 hogares y se concedieron 345.000 permisos, un desajuste de 259.000 en ese indicador adelantado.
El Consejo General recuerda que la escasez de oferta convive con otros factores, como el suelo, la financiación, la fiscalidad o la regulación, y que cualquier solución debe formar parte de una estrategia más amplia. Pero,como advierte Carlos Medina, presidente del Consejo General, “sin mejoras de productividad y de capacidad industrial, cubrir ese desfase será muy difícil.”
Medina destaca “la importancia de avanzar en esta dirección para hacer frente a uno de los grandes desafíos actuales de España: reducir el déficit de vivienda mediante nuevas fórmulas de construcción más industrializadas y eficientes.”
“Miles de planes de vivienda pública en las ruedas de prensa y solo decenas en las entregas de llaves reales”
Frente a los anuncios de vivienda pública, Carlos Medina señala la dificultad de convertir los compromisos institucionales en viviendas reales: “las administraciones suelen responder con planes de vivienda pública que se cuentan por miles en las ruedas de prensa, pero por decenas en las entregas de llaves reales.”
A los obstáculos del mercado se suma “la incapacidad recurrente de las administraciones públicas para poner en el mercado un volumen significativo de vivienda protegida”, agravada por la falta de suelo urbanizado, proyectos técnicos y presupuestos suficientes.
Fabricar parte de la vivienda: un potencial por aprovechar
La construcción industrializada traslada a fábrica una parte sustancial del proceso, desde módulos 3D hasta sistemas panelizados, baños y cocinas, fachadas, cubiertas y otros componentes prefabricados, para montarlos después en obra. Según las fuentes sectoriales que maneja el Consejo General, sus beneficios potenciales son:
● Reducciones de plazo de hasta el 60 %, según el grado de industrialización.
● Ahorros de costes del 20 % al 30 % en proyectos repetitivos y con escala.
● Hasta un 60 % menos de emisiones o residuos en obra, según el alcance y el caso.
● Mayor eficiencia, que dependerá de la envolvente, las instalaciones, el diseño, el uso y el clima.
El Consejo General insiste en que son beneficios potenciales y no automáticos: dependen de la escala, la repetición, la logística y la calidad del diseño. La penetración actual en España es muy baja, en torno al 1-2 % de las viviendas terminadas, mientras que otros mercados europeos presentan una mayor madurez en determinados segmentos.
La industrialización también responde al relevo generacional del sector. Traslada buena parte del trabajo a entornos controlados, más seguros y previsibles, y puede atraer a perfiles más diversos, jóvenes y STEM.
El PERTE es un paso, pero no basta
El PERTE de Vivienda Industrializada moviliza 1.300 millones de euros en préstamos del ICO, con un objetivo inicial de 15.000 viviendas al año. Es una cifra relevante, pero equivale a alrededor del 6 % de la creación media de hogares prevista. “Además, no resuelve por sí solo barreras estructurales como la financiación off-site, las licencias, los seguros, la normalización, la escala industrial o la demanda estable”, destaca Mateu Oliver, vicepresidente del Consejo General.
Un marco legal del siglo pasado frena las soluciones del siglo XXI
El principal freno no es técnico, sino normativo. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), vigente desde 1999, no contempla adecuadamente la construcción industrializada ni reconoce la diversidad de perfiles técnicos necesarios para llevarla a cabo. Desde el Consejo se destaca que esta legislación limita la innovación, impide aprovechar el talento disponible y retrasa la respuesta a una necesidad urgente.
Reformar la LOE y abrir el modelo a nuevos actores es vital para acelerar la edificación, reducir costes y fomentar la competencia. El Consejo General precisa que la LOE no obliga expresamente a construir in situ. El problema es que su estructura responde a una lógica de obra tradicional y no desarrolla los roles propios de la industrialización: el fabricante con un papel reforzado, el integrador industrial, la trazabilidad fábrica-obra, el control de calidad off-site o la coordinación del montaje. Las garantías previstas tampoco se ajustan con precisión a la fabricación fuera de obra.
Por ello propone una actualización acotada, sin reabrir una reforma general de servicios profesionales, en tres ejes:
● LOE y equipos multidisciplinares. Reconocer a los ingenieros industriales el liderazgo de la dimensión industrial del proyecto (diseño para fabricación, integración de sistemas, procesos, calidad, trazabilidad, montaje, seguridad y coordinación fábrica-obra) y estudiar fórmulas de codirección o liderazgo técnico en vivienda industrializada.
● Financiación off-site. Adaptar la normativa de valoración para que los elementos fabricados fuera de obra puedan servir de garantía antes de incorporarse físicamente al inmueble, con la trazabilidad y los controles necesarios.
● Fabricante industrial. La LOE ya lo reconoce como suministrador de productos, pero debe regular su papel reforzado cuando asume fabricación, trazabilidad, control de calidad, integración off-site y coordinación con la obra.
El papel de la ingeniería industrial
El Consejo General defiende que la industrialización no puede desplegarse plenamente sin incorporar de forma central las capacidades de la ingeniería industrial: diseño para fabricación, integración de instalaciones (climatización, electricidad, domótica), lean manufacturing, BIM y digitalización, calidad, logística y escalabilidad.
La LOE reserva al arquitecto el proyecto y la dirección de obra de los edificios residenciales, y el Consejo General lo reconoce. Aclara que no se trata de plantear un enfrentamiento entre profesiones, sino de adaptar la ley a un modelo en el que fabricación, logística y montaje pasan a ser el núcleo del proyecto. “No pedimos privilegios: pedimos que la ley reconozca mejor las funciones reales de un modelo constructivo industrializado”, concluye Mateu Oliver.
