Levante EMV.- 29 de marzo de 2020.- En estos días estamos viviendo incertidumbres derivadas de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. Indecisiones provocadas por falta de datos objetivos que nos permitan valorar, adecuadamente, la situación y nuestra capacidad de emitir juicios de valor con base en datos cuantificables y comparables. A pesar de ello, nos hemos enfrentado, durante estos días previos al anuncio del sábado 28 de marzo del 2020, en comparecencia extraordinaria, de paralizar desde el 30 de marzo y hasta el 9 de abril todas las actividades económicas «no esenciales», a opiniones diversas y contrapuestas en clave económica: Unas a favor de mantener la actividad económica y otras en contra, proponiendo la paralización total de determinados sectores productivos de nuestra economía.

Entre unos y otros, los desencuentros han sido más que evidentes, con argumentaciones claras con base ya sea en criterios liberales para con la economía, abogando con no parar los motores económicos con el argumento del tiempo que llevaría el retomar la actividad económica o el daño que se produciría en el PIB, o, por el contrario, quienes están aduciendo la «situación real» de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

Situación real que nos indica que la pandemia podría estar siendo mucho más beligerante con la ciudadanía de lo que se nos está indicando, con un incremento medio de más de 4.000 casos por día, a nivel nacional y desde la Declaración del Estado de Alarma, pero sin haberse valorado el grave problema de estimación real al que nos abocan los modelos matemáticos puesto que, por todos es conocido, que llevamos, desde el mismo inicio de la pandemia, sin hacer pruebas a las personas leves y asintomáticas, que son la parte fundamental de la propagación del virus, o a los propios enfermos, por falta de test.

Y son estos modelos matemáticos los que, emitidos antes de la Declaración del Estado de Alarma, nos daban cifras medias de 3.400.000 contagiados, con un pico de pandemia previsto para el 31 de marzo y con bajada hasta principios del mes de mayo, es decir, un impacto cuantificado en el tiempo de, aproximadamente, de dos meses y medio. Tras la toma de la decisión de confinamiento parcial derivada de la Declaración del Estado de Alarma, estos modelos corregían sus resultados y nos daban cifras medias de 900.000 contagiados, con un pico de pandemia previsto para el 30 de mayo y bajada más allá del mes de julio. Es decir, se planteaban un confinamiento parcial de más de cuatro meses.

Estudios que, dado los casos que se conocen y que no entran a engrosar las cifras estadísticas oficiales, porque no se les ha realizado los test, nos podrían llevar a cifras hasta 10 veces superiores a los números que se están informando de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Números superiores derivados de las técnicas estadísticas que nos permiten llegar a estimar el número de infectados reales, conociendo diversas distribuciones de datos, con relación al número de infectados detectados como por el número de muertes producidas, su desglose así como cualquier otra información relevante (distribución por zonas, rangos de edad, focos de infección…), siempre comparándolos con datos fiables, como son los disponibles de Corea del Sur.

Dejando de lado los datos estadísticos de la pandemia, desde un prisma económico, la OCDE ha venido a estimar el impacto de la crisis sanitaria, sobre el PIB global y en nuestro país, en 2 puntos por cada mes de estricto confinamiento. Es decir, tras haber adoptado el Gobierno la decisión de declarar el Estado de Alarma, el coste de la medida podría llegar a ser de, aproximadamente, 25.000 M€ al mes, pudiendo llegar a alcanzar, según los modelos matemáticos analizados, más de 100.000 M€ durante los más de cuatro meses que podría llegar a durar esta crisis sanitaria, si no se hubieran endurecido las medidas.

Y es ahí, en ese análisis dual, de datos estadísticos y costes económicos, tras un planteamiento de ambos datos, sobre los que deberíamos sustentar las opiniones, siendo racionales y pensando en un interés general, minimizar el impacto social de la pandemia así como el coste económico, puesto que, a la vista de los datos incrementales de la pandemia en cuanto a enfermos y el elevado coste sanitario y coste humano derivado del número de fallecidos, debemos ser capaces de poner en valor medidas utilitaristas del cierre de la actividad económica con un fin: reducir los contagios y el coste económico de la pandemia.

Diez días de parálisis, ocho días laborables, de confinamiento total en los que sólo cabe la posibilidad de mantener, exclusivamente, aquellos sectores y áreas económicas estratégicas que nos permitirán seguir dando un servicio esencial y útil a la sociedad, y cerrando, durante ese periodo de tiempo limitado, todo aquel sector secundario que, a la vista de la situación, no dé servicio acorde a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria a nuestra sociedad. Medida adoptada que debería ir acompañada de decisiones económicas en el campo de la fiscalidad y para con el mantenimiento del empleo.
Seamos objetivos y racionales.

Salvador Puigdengolas
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana

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